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Rosario Murillo amenaza con encarcelar a más opositores

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Rosario Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Daniel Ortega, aseguró que el gobierno sabe quiénes se oponen a su régimen y que por tanto procederán contra ellos.

Murillo insiste en que lo que ha pasado en Nicaragua es un intento de golpe de estado y achaca a la oposición todas las muertes, la destrucción y las violaciones de derechos humanos curridas hasta la fecha.

Somos solidarios, somos generosos, somos sabios, y sabemos discernir, y sabemos a quién acusar y responsabilizar de lo que pasó en Nicaragua”, amenazó la todapoderosa vicepresidenta la noche del lunes, luego de un acto con el Ejército de Nicaragua.

Como es normal en sus encendidas declaraciones diarias, no ahorró adjetivos para descalificar a sus detractores. Los acusó de ser un “puchito” (un grupo minúsculo) de “vampiros” “golpistas y terroristas” que insiste en seguir matando y destruyendo la economía.

Reiteró también el discurso oficial de que en el país hubo solamente 198 muertos y no los 317 que afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o los 448 que contabiliza la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

Murillo aseguró que a los que considera “golpistas” le caerá todo el peso de la justicia.

En Nicaragua se ha acusado a cientos de opositores por asesinato, terrorismo y otros delitos en el marco de las protestas ciudadanas iniciadas en abril.

Hasta el momento solo un paramilitar del gobierno guarda prisión por la muerte de la ciudadana brasileña Rayneia Lima, gracias a la presión del gigante sudamericano. Sin embargo, la Fiscalía, dominada por el partido de gobierno, lo está acusando de homicidio y no de asesinato. El objetivo es lograr una pena mínima. En su acusación, la Fiscalía llega incluso a responsabilizar a la joven por manejar de manera sospechosa.

Por otro lado, los operativos de policías y paramilitares continúan a la orden. No hay día de la semana que no se detenga a alguien en las calles o bien se le saque de su casa y sea llevada a centros de detención ilegal o bien a estaciones policiales, donde son torturados y obligados a confesar delitos que no han cometido.