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Ley de Reconciliación: Orteguismo intenta asestar contundente golpe a Nicaragua

Columnas

Autor: Pastor Valle-Garay
Senior Scholar, York University

TORONTO, CANADÁ – Sin lugar a duda la dictatorial pareja de gobernantes de Nicaragua ha perdido totalmente la razón y la decencia humana. Rosario Murillo, esposa del lunático Daniel Ortega Saavedra, Presidente inconstitucional de la nación centroamericana, ha decidido implementar un nuevo truco para intentar que la nación salga de la sangrienta crisis humana, económica y moral en que la han sumido durante los últimos seis meses.

En su igualmente inconstitucional papel de Vicepresidente de Nicaragua -título otorgado cortesía de su maridito- la Murillo ha propuesto por decreto la Ley de Reconciliación Nacional.

Según la Murillo, una vez que la mal-llamada Asamblea Nacional apruebe la ley, el país volverá a lo normal. Digo mal-llamada porque esta institución existe exclusivamente para acatar y seguir servilmente las órdenes de la dictadura orteguista.

BORRÓN Y CUENTA NUEVA. La implementación de la Ley de Reconciliación Nacional concedería amnistía a los perversos criminales de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, de las turbas orteguistas y a otros maleantes y criminales comunes contratados y autorizados por el orteguismo para sembrar terror y muerte entre la población civil.

Por supuesto, la descabellada amnistía bajo la nueva Ley de Reconciliación en primer lugar les concedería amnistía a Ortega y Murillo e hijos, los principales terroristas de Nicaragua. Ambos calculan que con el pasaje de esta nueva ley quedarán exonerados de culpa y, por lo tanto, exentos de reparaciones monetarias o legales por los horrendos crímenes de Lesa Majestad cometidos en el transcurso de los últimos seis meses contra una población desarmada- ¿Su crimen? Protestar abierta, pacífica y públicamente contra los desmanes de la administración tal y como lo establece la Constitución de Nicaragua. Según el binomio Ortega-Murillo con este borrón y cuenta nueva el país volvería a la normalidad. Aquí no pasó nada.

Por supuesto que los únicos que apoyan la Ley de Reconciliación son los seguidores de los mandatarios. Pero esta es una minoría. La enorme mayoría de los nicaragüenses la rechaza. Igualmente la rechazan los pocos medios de comunicación que todavía funcionan bajo la ley del bozal en Nicaragua, la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua, el Concejo Episcopal de Obispos de Nicaragua, las Agrupaciones de Universitarios y Autoconvocados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y un sinnúmero de naciones y organizaciones no gubernamentales del mundo.

LAS VÍCTIMAS DE LA LEY DE RECONCILIACIÓN. Desde abril de 1918 hasta el 4 de noviembre del 2018 las víctimas del orteguismo y de sus grupos armados involucrados en la genocida cacería humana según datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos son las siguientes:

*** 535 asesinatos
*** 1.302 secuestrados por paramilitares
*** 4.353 heridos
*** 50.000 mil exiliados
*** 416.000 desempleados
*** 35 viviendas de ciudadanos opositores quemadas por orteguistas
(Esta lista es incompleta y aumenta a diario).

La economía se encuentra al borde de la bancarrota. Muchos países que sostenían fuertes proyectos de ayuda humanitaria en la construcción de escuelas, puentes, vías de comunicación y salud han suspendido dicha ayuda. El turismo ha desaparecido por completo. Hoteles, restaurantes y negocios han cerrado. Air Transat de Canadá ha cancelado sus vuelos-paquete a Nicaragua. Igual otras aerolíneas. Países como los Estados Unidos, Canadá y otras naciones en Europa les advierten a sus ciudadanos que por razones de seguridad que no visiten Nicaragua mientras continúe la violencia. Todo esto ocurre en el segundo país más pobre de América después de Haití.

NADA ES NORMAL. A pesar de que el gobierno insiste en que todo está normal en Nicaragua, nada de esto es cierto. Nicaragua está en pie de guerra. La Policía Nacional se adiestra con armas de fuego de alto calibre supuestamente para contrarrestar una invasión mientras el gobierno tilda de golpista a la iglesia católica y cientos de camionetas atestadas de policías y militares circulan por todo el país amedrentando a la población, allanando hogares y arrestando mayormente a jóvenes sin causa alguna.

No es exageración describir al gobierno como un gobierno terrorista y a la gente como una población que vive días y noches de terror e incertidumbre. La gente no se atreve a dejar sus hogares. Miles de niños no asisten a las escuelas por temor e igual ocurre con los estudiantes de las universidades.

EL TERRORISMO EN MARCHA

**** Durante una manifestación de protesta en el Día de la Madre la policía orteguista disparó contra la muchedumbre asesinando a siete personas.

**** El 16 de junio la familia Pavón de un barrio de Managua se negó a facilitar su casa a militares orteguistas que intentaban utilizarla para disparar contra manifestantes. La policía deliberadamente incendió la casa de tres pisos. Cuatro miembros de la familia, dos de las cuales eran menores de edad, perecieron en el incendio.

**** La policía disparó contra un bebé de 18 meses de edad. El niño murió de un balazo en la cabeza. Según el dictamen del médico forense el niño se suicidó.

**** Varios médicos exiliados en Costa Rica han denunciado que se les expulsó de los hospitales donde asistían a los heridos precisamente por brindarle atención de emergencia a las víctimas de la represión policial orteguista. También declararon que en casos de proveer asistencia médica los heridos fueron inyectados con agua en vez de suero.

**** El 8 de noviembre Luis Cuevas Poveda, un vendedor ambulante de banderas de Nicaragua azul y blanco fue sentenciado a cinco años de prisión por hacer su trabajo. Según el diario La Prensa, Cuevas fue condenado a tres años y nueve meses de cárcel por el delito de amenazas con armas en perjuicio de tres ciudadanos; más un año y tres meses por entorpecimiento de servicios públicos y nueve meses de prisión por tenencia ilegal de armas de fuego. Los cargos son tan falsos que el montaje judicial no merece mención. Baste decir que Cuevas no portaba armas de ninguna clase. Su único delito fue vender banderas azul y blanco de Nicaragua lo cual no es ningún delito ni en Nicaragua ni en ninguna parte del mundo.

**** La Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua ha catalogado numerosas quejas de torturas atroces contra reos en las prisiones del país. La semana pasada la policía vapuleó a mujeres prisioneras en la cárcel estatal La Esperanza.

Este 11 de noviembre Ortega cumplió 73 años de vida. No hubo nada que celebrar. Por casi 12 años Ortega sistemáticamente ha hundido al país hasta llevarlo al borde del abismo político, social y moral. Los nicaragüenses están hartos del dictador y sufren a diario de privaciones de todo tipo y no hay esperanzas de pasar una Navidades en paz.

En estas circunstancias cualquier sugerencia de una Ley de Reconciliación Nacional no tiene sentido legal, ni lógico y menos aún humano. En realidad, la propuesta de la Murillo es una infame burla a la población de Nicaragua que sufre duramente en carne propia la brutal represión de un gobernante obsesionado por mantenerse en el poder.

La reconciliación es un sentimiento tan personal e individual que ningún individuo, ningún gobierno y ninguna Asamblea Nacional puede o debe legislar. Es una decisión que el individuo toma o rechaza según se lo indique su conciencia o su deseo de reconciliarse con otros o no.

En la situación actual existe tal resentimiento generalizado entre la población que no se le puede pedir al pueblo que se reconcilie con nadie por decreto. Quizás no ocurra nunca. Quizá sea posible una vez que los mandatarios responsables por tanto dolor se hayan marchado o hayan muerto pero no nos hagamos ilusiones de que basta un decreto arbitrario para que se implemente ninguna reconciliación en las condiciones actuales.

 

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