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Semana clave para el futuro de Nicaragua y del régimen Ortega Murillo

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Una Nicaragua dividida entre una inmensa mayoría opositora y una minoría en continua decadencia pero con el control del poder a través de las armas, tendrá esta semana sus ojos puestos en Estados Unidos donde es un hecho que la Nicaraguan Investment Conditionality, conocida como Nica Act, supere su últimas etapas para ser implementada.

Tras su aprobación por la cámara alta del Senado el pasado 27 de noviembre, la Nica Act regresó al Congreso y de ahí pasará a manos del presidente Donald Trump quien deberá firmarla para de esta forma entren en vigor las sanciones contra los abusos a los derechos humanos y la corrupción cometidos por Daniel Ortega y su colaboradores más cercanos.

Hay que recordar que el 27 de noviembre Estados Unidos también sancionó a Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, y al asesor en seguridad, Néstor Moncada Lau.

Ese mismo día el presidente Trump firmó una orden ejecutiva en la que catalogaba al régimen Ortega Murillo como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

El panorama para la dictadura es poco alentador pues también se espera que el gobierno estadounidense de a conocer más nombres de sancionados. A largo plazo es aún peor, pues con las sanciones se cortará el apoyo financiero al país y por tanto se acelerará aún más el deterioro de la economía.

A nivel interno, la situación tampoco es muy buena para el régimen. El gran capital aglutinado en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) tendrá el miércoles una asamblea de la que se espera un pronunciamiento sobre su posición frente a la actual crisis política.

El empresariado si bien no ha tomado acciones concretas contra el régimen, ha dicho que aboga por una salida pacífica a través del diálogo y las elecciones anticipadas.

Aún así la presión sobre el gran capital va en aumento luego que Estados Unidos dijera que también sancionaría a todos aquellos que fueran cómplices o apoyaran al régimen. Esto ha volcado aún más a la opinión pública contra el Cosep, el cual tuvo una alianza estratégica con el gobierno durante once años hasta que a mediados de abril rompieron cuando Ortega aprobó una reforma a la seguridad social sin el acostumbrado consenso.

Con este panorama, aunque Ortega quiera mostrarse fortalecido desplegando miles de policías y paramilitares en las calles del país, sus opciones para maniobrar están muy limitadas. Cometer otro baño de sangre sería tirar de la soga que ya tiene al cuello y, por otro lado, buscar una cercanía con los empresarios es inviable no porque él no lo quiera, sino porque el gran capital no se atrevería a ello. A Ortega solo le podría quedar la opción de negociar su salida con ciertas garantías para él y su familia.