ONU denuncia ataques, amenazas, hostigamiento y vigilancia constante a líderes opositores nicaragüenses

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La Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  Kate Gilmore, presentó este miércoles en Ginebra, Suiza, un informe actualizado de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.

El informe reitera que en el país la violencia ha dejado más de 300 personas muertas, más de 2,000 heridos y más de 70.000 personas exiliadas, sin que hasta el momento se hayan detenido las violaciones a los derechos humanos.

“La protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas”, afirma el informe.

La ONU manifiesta su profundamente preocupación de “que los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios continúen siendo blanco de ataques, amenazas, hostigamiento y vigilancia constante”.

Considera que la liberación de 442 presos políticos desde el 27 de febrero de 2019 ha sido un paso alentador. Sin embargo, subraya que 336 de estos han sido “bajo medidas alternativas a la detención”, mientras que solo 106 lo fueron bajo la aplicación de la Ley de Amnistía, la cual considera que es una ley con ambigüedades.

“La Ley de Amnistía en su forma actual no garantiza el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, ni la Ley de Atención Integral a las Víctimas. Ambas leyes fueron adoptadas sin una consulta suficiente con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas”, afirma.

Condena además que más de 80 personas permanezcan en prisión bajo severas condiciones.

La ONU condena el asesinato del preso político Eddy Montes y las duras condiciones a la que han sido sometidas las personas que fueron detenidas.

“Nuestra Oficina ha recibido denuncias de que algunos de ellos fueron sometidos a tortura o malos tratos por parte de los oficiales de corrección. El 16 de mayo de 2019, en medio de protestas dentro de la prisión de La Modelo, un detenido fue asesinado, presuntamente por un oficial de policía que había disparado, mientras que varias personas resultaron heridas, entre ellas agentes de policía”, refiere.

La ONU demanda investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre estas denuncias de tortura y los hechos violentos bajo custodia del gobierno.

“Es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos”, sostiene.

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