Ortega pretende hacerle frente a las sanciones nombrando a más de un ministro

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Agobiado por las sanciones de Estados Unidos y Canadá a varios de sus principales funcionarios y bajo la amenaza de que la lista se siga engrosando, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está tratando de hacerle frente a la situación nombrando a más de una persona al frente de las diferentes dependencias estatales.

Ortega envió con trámite de urgencia a la Asamblea Nacional una reforma a la Ley de organización, competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo, Ley 290, y de esta manera arrogarse poderes que hasta el momento legalmente no tiene.

Ortega argumenta que con las reformas se va a “fortalecer y dinamizar la gestión en las entidades que conforman el Poder Ejecutivo”.

“Para cada ministerio del Estado el Presidente de la República nombrará a uno o más de un ministro y a uno o más de un viceministro cuando lo estime conveniente, determinando para cada caso sus respectivas competencias en el correspondiente acuerdo presidencial de nombramiento”, señala uno de los artículos de la propuesta de reforma.

Ortega también estaría dotando a los nuevos ministros y viceministros de “iguales prerrogativas e inmunidades”.

Aunque ya se cumplió el plazo en el que la empresa china HKND debería haber demostrado su capacidad para la construcción del Gran Canal Interoceánico, Ortega también nombrará a un ministro presidente de la junta directiva de la Autoridad del Gran Canal.

Funcionarios sandinistas con las manos amarradas

El pasado 25 de junio la Asamblea Nacional debió restarle todas las facultades administrativas a su presidente, diputado Gustavo Porras, luego que días antes Estados Unidos y Canadá lo sancionaran junto a la Ministra de Salud, Sonia Castro; el Ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica; y el presidente ejecutivo de Telecomunicaciones y Correos, Orlando Castillo.

Canadá también sancionó a la vicepresidenta Rosario Murillo; al hijo de esta y Daniel Ortega, Laureano Ortega; al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz; al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; al tesorero del FSLN, Francisco López; y al asesor presidencial, Néstor Moncada Lau, quienes ya habían sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos.

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